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Corte Suprema de Justicia cercena derechos de la mujer

En un fallo firmado por cinco hombres y con el salvamento de tres magistradas y un magistrado, el pleno de la Corte consideró que la norma sobre esterilización femenina en Panamá no es discriminatoria.

cortesía : LP

18 marzo 2021 |

El ejercicio analítico-constitucional de este caso era muy concreto y específico: Consistía en examinar una parte definida de la Ley 7 de 2013 “Que establece el marco regulatorio para la esterilización femenina”, y contrastarlo con la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos, ratificados por Panamá.
El resultado hizo tambalear de un plumazo los avances obtenidos en los últimos 75 años en materia de derechos de la mujer. La controversia surge a partir de dos artículos de la Ley 7 de 2013:

Artículo 3. Las mujeres mayores de 23 años de edad y con dos hijos o más podrán solicitar a los centros de salud u hospitalarios del sector público del país la práctica gratuita de la esterilización siempre que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley.”

“Artículo 4. La esterilización femenina procederá cuando concurran las siguientes circunstancias:

2. Que exista una recomendación médica.

Para la jurista Haidée Méndez Illueca, las normas arriba transcritas violan los artículos 4,17, 19,109, 110 y 112 de la Constitución, y los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá. En 2015, Méndez Illueca interpuso un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera el tema.

Opinión del MP

La entonces jefa del Ministerio Público (MP) Kenia Porcell emitió su opinión a pedido de la Corte, coincidiendo en gran medida con los argumentos de Méndez Illueca. Según Porcell “... la infracción de los artículo 4, 17 y 19 de la Constitución, se produce desde el momento en que se establece un trato diferenciado entre los beneficiarios de un servicio público, aún cuando esta desigualdad, no se ampara en la protección de los individuos ante la posible amenaza de algún derecho conexo de grupos minoritarios o vulnerables; sino en el momento y las circunstancias en que uno u otro género puede acceder voluntariamente al mismo servicio de salud, poniendo en desventaja a la mujer, por cuanto impone requisitos no previstos para el varón”.

El voto de los cinco

El fallo de 16 páginas, fechado el 10 de septiembre de 2020, tiene la firma de los cinco magistrados que componían la mayoría; el ponente José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Secundino Mendieta en sustitución de Hernán De León, y las sorpresivas firmas de Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez. Este último es el hijo de la primera mujer que fue magistrada de la Corte: Marisol Reyes de Vásquez, una lideresa en abrir camino en la lucha por los derechos de las mujeres.

En la página 16 del fallo, se ofrece el razonamiento de esta pieza de jurisprudencia. Según los cinco varones, la norma que rige la esterilización femenina, es en realidad una norma sobre los servicios públicos de salud. Señalan que tras leer las normas demandadas no perciben “alguna prohibición que impida a las mujeres ejercer libremente su sexualidad. Tampoco se desprende de estas alguna intromisión o limitación en la autonomía sexual de la mujer por cuanto que las mismas no le prohíben acceder a la esterilización si así lo desea y no invade su libertad de elección en ese ámbito de la vida privada, únicamente regula la forma en que el servicio de esterilización será dispensado toda vez que el Estado debe procurar una adecuada y eficiente distribución de recursos.”

Los salvamentos

El fallo tuvo cuatro salvamentos de voto, destacándose la coincidencia de las tres mujeres magistradas de la Corte: Ángela Russo, María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo Batista. Se le sumó el magistrado Luis Ramón Fábrega. Todos coincidieron en que las normas atacadas representaban una doble discriminación, por un lado se le daba la potestad a los hombres a los 18 años, con la tinta de su cédula todavía fresca, de pedir una esterilización gratis a los centros de salud del Estado, mientras las mujeres debían esperar a tener 23 años y dos hijos (más una recomendación médica) para solicitar el mismo servicio. La norma castiga en particular a las mujeres pobres, porque aquellas que disponen de recursos económicos pueden acudir sin ninguna restricción a las clínicas privadas.

La opinión más acuciosa fue la de Russo, quien originalmente fue la ponente del caso, pero sería reemplazada porque en la deliberación, la mayoría optó por la decisión ya conocida. Russo afirma que “de ninguna manera, como Tribunal Constitucional garante de los derechos fundamentales, podemos avalar actos de discriminación en detrimento de los derechos humanos de toda persona, siendo parte inherente a la dignidad humana.”.

Un juego de poderes

El sistema jurídico panameño no es casuístico, por lo que un fallo futuro no tiene porqué seguir este dictamen. Sin embargo, la mayoría masculina de la Corte está telegrafiando su sentir y su estructura interpretativa para otros temas. Este fallo es una simulación del debate sobre el aborto y el matrimonio igualitario.

Los cinco varones le están guiñando el ojo a los sectores conservadores de las iglesias católica y evangélicas. Le están diciendo: “somos de confianza”. Es posible que en su fuero interno los magistrados piensen que su decisión fue la correcta, pero esta les puede conseguir un aliado poderoso que respaldaría a la Corte en estos tiempos de cuestionamiento ciudadano por la impunidad judicial de la gran corrupción.

Para los defensores de las libertades y las millones de panameñas cuyas decisiones sobre sus cuerpos se ven amenazadas por la presente decisión y cualesquiera otras del mismo tenor en el futuro queda abierto el camino al sistema interamericano de los derechos humanos.

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