CEMP-Centro de la Mujer Panameña

Lanzarán Ley Modelo de Femicidio/Feminicidio: Perspectivas públicas y privadas

En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres

07 diciembre 2018 |

La violencia contra las mujeres (VCM) es una forma de discriminación que socava el ejercicio de los derechos humanos y el disfrute de las libertades fundamentales de las mujeres. Sus impactos sociales, económicos y para la salud se extienden a los niños y las niñas, a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.  La VCM constituye también un obstáculo para el desarrollo de las naciones y el alcance de los objetivos de reducción de la pobreza. El impacto de la VCMN en el desarrollo se evidencia en la reciente inclusión de la eliminación VCMN en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, más específicamente en las metas 2 y 3 del Objetivo 5: Igualdad de Género.

 

En América Latina y el Caribe, la VCM es un fenómeno especialmente preocupante, ya que la región mantiene la tasa más alta de VCM fuera de la pareja y la segunda más alta dentro de la pareja. En las Américas, el 29.8% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja y un 10.7% ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja. Abordar esta problemática es particularmente importante, ya que es un factor crítico que retrasa y evita el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo.

América Latina cuenta con 14 de los 25 países con mayor tasa de feminicidio en el mundo. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el número de feminicidios/feminicidios en la región para el año 2016 ascendía a 1,829. Esta cifra no incluye el número de datos en México o Brasil. Aún cuando no se cuenta con un dato comparable sobre femicidio para estos dos países, sabemos que el número aumentaría significativamente pues en el mismo año 2016 los asesinatos de mujeres ascienden en a 2,813 en el caso de México (Inegi 2016) y 4,621  en Brasil según el Atlas de la Violencia de Ipea y FBSPI.

 

De acuerdo con la CEPAL, 2559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2017. La misma fuente indica de acuerdo a datos recogidos entre 2016 y 2017, El Salvador (10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tobago (3.0), Guatemala (2.6) y Republica Dominicana (2.2) son los países con mayor prevalencia de feminicidios en la región. En América del Sur, la mayor prevalencia se observa en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100,000 mujeres

 

Las estadísticas actuales de femicidios probablemente se subestimen si se toma en cuenta el número de mujeres y niñas desaparecidas. Los datos disponibles sobre las desapariciones de mujeres, que en algunos casos están vinculados al femicidio, también pueden facilitar la comprensión del problema en la región. En México,en 2017, más de 3,174 mujeres desaparecieron, 70 % de ellas menores entre 10 y 17 años, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Es importante destacar que, en particular en nuestra región, las desapariciones están muchas veces asociadas a la dinámica de los flujos migratorios.

 

Resulta, por tanto, necesario incidir en la adopción de normativa que tipifica y sanciona el delito de femicidio/feminicidio. En 1994, la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará) inauguró un nuevo marco legal en la defensa del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La implementación efectiva de la Convención requiere un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente, para lo cual se creó en 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Esa Convención impulsó un importante movimiento de cambios legislativos y de desarrollo de políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia con base en el género. En poco más de 20 años, un total de 32 de los 33 países tienen leyes que protegen los derechos de las mujeres y niñas que tienen experiencia en violencia doméstica o intrafamiliar, incluidos todos los países del Caribe.[2]  América Latina se destaca como una región pionera en este ámbito y se constata que existe consenso sobre la responsabilidad de los Estados en proteger a las mujeres de este tipo de violencia, así como en la necesidad de adoptar las medidas pertinentes para asegurar a las mujeres el goce de una vida libre de violencia. Así lo prueba la tendencia legislativa de los últimos años en la región, pues a fecha de 2018 cabe destacar que 18 países han adoptado legislación relativa al femicidio/feminicidio[3].

En 2016 y 2018, ONU Mujeres, en asociación con la Organización de Estados Americanos, realizó una revisión regional de la legislación de los países que penalizan el feminicidio a fin de proporcionar una legislación modelo para todos los países de la región. Esta legislación modelo fue discutida por miembros del Comité de Expertas del MESECVI en una reunión que se realizó en la Ciudad de Panamá en octubre de 2017 y en Trinidad en julio de 2018. En la actualidad se planea validar esta legislación modelo con expertas del Caribe y América Latina en diciembre 2018 y producir una versión final para su publicación.

Sin embargo, aún subsisten graves obstáculos que impiden a las mujeres el efectivo acceso a la justicia, la verdad y la reparación. A pesar de los avances registrados en las últimas décadas, los mecanismos internacionales de monitoreo de los derechos humanos han estado subrayando la persistencia de brechas entre los derechos formales y el acceso efectivo a la justicia de las mujeres en toda la región. Las dificultades y obstáculos en las respuestas de los Estados son reflejados particularmente en el creciente y persistente número de casos y en la impunidad. Nombrar esas muertes como feminicidios/femicidios y asegurar su inclusión en los códigos penales ha sido una estrategia para dar visibilidad a ese problema social y obtener de los gobiernos las respuestas adecuadas.

Un área de actuación urgente es la provisión de servicios legales gratuitos para las mujeres. La mayoría de las víctimas no cuentan con los recursos económicos para llevar adelante los procesos legales o ante instancias administrativas para ejercer sus derechos. 

Es indispensable generar asociaciones regionales con redes regionales existentes de asociaciones de abogados, organizaciones de la sociedad civil o universidades que presenten propuestas y protocolos para fortalecer / garantizar estrategias regionales que promuevan la asesoría legal gratuita y el apoyo a las mujeres que han sido víctimas / sobrevivientes de intentos o amenazas de El femicidio (y sus familias).

La región cuenta con buenas prácticas en modelos creados en la región para la orientación y atención de víctimas de violencia de género, por ejemplo los CINAMUS (Centro del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá) creados y establecidos en cada provincia del país y en dos de las comarcas indígenas, que incluya la asistencia legal gratuita, en sus propios idiomas. Otro modelo exitoso en la región es Ciudad Mujer en El Salvador a replicarse en Guatemala.

Estas buenas prácticas pueden ser la base para llevar propuestas, allí donde estos servicios no existan, sobre las especificaciones de las estructuras físicas, el mínimo personal requerido, el tipo de orientación legal requerido y el acompañamiento legal para atender las distintas instancias sean jurídicas o no.

Son indispensables también las alianzas estratégicas con las barras de abogados, colegios de abogados, redes de psicólogas y trabajadoras sociales, universidades que exigen como requisito de grado un mínimo de horas de asistencia legal gratuita o de servicio social o las firmas privadas de abogados que presten servicio pro-bono.

 

El mandato de ONU Mujeres

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales núm. 12 y 19 y de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. A nivel global, ONU Mujeres trabaja con los países para avanzar los marcos normativos internacionales prestando apoyo a procesos inter-gubernamentales, tales como la Asamblea General y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. A nivel de país, ONU Mujeres trabaja para conseguir la adopción y promulgación de reformas jurídicas acordes con normas y estándares internacionales.

 

ONU Mujeres colabora con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones para promover el fin a la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias y fortalecer las capacidades de nuestras contrapartes para su prevención y respuesta. Esta colaboración es un abordaje a la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de hombres y niños, y  la misma incluye una labor de abogacía por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El trabajo conjunto con gobiernos incluye el desarrollo de planes nacionales de acción dedicados a prevenir y abordar la violencia contra mujeres, fortaleciendo la coordinación entre actores y sectores diversos que se requieren para una acción significativa y de largo alcance. ONU Mujeres también aboga por integrar medidas de lucha contra la violencia en marcos estratégicos a nivel internacional, regional y nacional, tales como la agenda 2030 para el desarrollo.

 

La visión de la Campaña Únete:

 

En febrero 2008 el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanza la campaña global “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”.

La visión mundial de la campaña ÚNETE es la de un mundo sin violencia contra las mujeres y las niñas. Una visión que sólo puede conseguirse con acciones y compromisos políticos de los gobiernos nacionales y de los organismos pertinentes.

La campaña del Secretario General llama a todos los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, el sector privado, los medios, los hombres y los jóvenes y todo el sistema de la ONU a que se unan para luchar contra esta pandemia mundial.

Con una serie de iniciativas a nivel mundial, nacional y regional, la campaña ÚNETE, quiere movilizar a gobiernos, individuos y comunidades. Además de apoyar a las organizaciones de mujeres, también busca incluir a hombres, jóvenes, celebridades, deportistas y muchos más.

La Campaña ÚNETE se implementa en la región de América Latina y el Caribe a partir de tres pilares.

  1. Alto a la impunidad: dirigido fundamentalmente al trabajo con los Estados en los sistemas de prevención, atención y enfrentamiento; recolección de datos y fortalecimiento de capacidades.
  2. Ni una más: focalizado en la promoción de cambios de actitudes y comportamientos en el trabajo con grupos diversos de mujeres y hombres y desde la educación.
  3. La responsabilidad es de todos y todas: para el trabajo a través de los medios de comunicación y líderes no tradicionales, como artistas y deportistas.

 

 

Los objetivos del evento:

 

  1. Difundir el informe de la Lanzamiento del Informe de Análisis de Legislación sobre Femicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo de Femicidio/Feminicidio y la Ley Modelo de Femicidio/Feminicidio al sector privado
  2. Discutir el papel del sector privado en Panamá en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio
  3. Buscar sinergias y promover alianzas publico-privadas en Panamá para incidir en la eliminación de la violencia contra las mujeres; en particular interesa explorar opciones para aumentar la oferta de servicios legales gratuitos que permitan a las mujeres acceder a la justicia.

Esta iniciativa fortalece los lazos de cooperación entre ONU Mujeres, el sector público y privado y honra nuestro compromiso adquirido de trabajar en Panamá, a través de la firma del UNDAF; cuyos componentes  incluyen iniciativas en el área de violencia.

 

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