Al respecto, Rossana Uribe, presidenta de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), afirmó que esta propuesta debe ser eliminada de la Asamblea Nacional porque de Mi Resguardo, como sugiere el nombre, no tiene nada.
'Aquí lo que se necesita es invertir en educación, tener una educación sexual cónsona con los tiempos, clara y conforme a la edad de los niños y su desarrollo emocional, sicológico y físico', dijo la experta en entrevista con el programa televisivo de debate Radar.
Este proyecto está dirigido a las niñas víctimas de la violencia sexual con el objetivo de 'paliar el daño', lo cual Uribe calificó de ilógico ya que lo correcto es educar a estas menores para que tengan herramientas para luchar, prevenir y evitar este tipo de abusos en el futuro.
Las niñas, agregó, tienen el derecho a saber que eso no está bien y pueden denunciar el hecho para recibir una atención médica y sicólogica urgente y no esperar a que estén embarazadas y le paguen un subsidio mensual de 75 dólares.
Sobre la educación sexual en las escuelas, Uribe expresó la necesidad de implementar esta materia para acabar con la tragedia de las niñas embarazadas por adultos, incluso de 10 años.
'Somos dos Panamá totalmente divididos y la brecha es cada vez más grande. Vemos que hay escuelas privadas que tienen educación sexual, pero en las públicas hace dos gobiernos (10 años) en que no hay nada de eso, lo cual perpetúa el círculo de la pobreza', subrayó.
A juicio de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, el anteproyecto resulta una violación de los derechos humanos de las niñas por parte del Estado panameño, al pretender crear un subsidio al delito en lugar de implementar las políticas públicas para prevenir el abuso sexual infantil y proteger a los niños de los violadores.
Ante el rechazo y las críticas, Vargas desistió de seguir adelante con la discusión de la propuesta que pretende compensar con 75 dólares mensuales a las niñas embarazadas como consecuencia del abuso sexual, los tres años siguientes al embarazo.
Según datos estadísticos, en el primer semestre de 2020 el Ministerio Público recibió dos mil 247 denuncias por supuesta violación y otros delitos sexuales, de las cuales el 53 por ciento se reportaron de marzo a junio, período cuando el país mantuvo una estricta cuarentena para detener la propagación de la Covid-19.
Entre las provincias con el mayor número de denuncias de este tipo sobresalen Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, las cuales concentran la mitad de los casos.
