La hija de Berta Cáceres revela el historial criminal del asesino de su madre

Bertha Zúñiga, hija de la activista hondureña asesinada, denunció que contra su madre hubo colusión de políticos, empresarios y militares

10 septiembre 2019 |

La ambientalista y lider indígena, Berto Cáceres fue asesinada a tiro por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco.

Bertha Zúñiga, la hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, reveló este martes en Guatemala la vinculación con actividades criminales del único autor intelectual procesado por el crimen de su madre, el empresario y oficial de inteligencia de su país David Castillo.

Zúñiga explicó en una conferencia de prensa que la participación del presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), actualmente en prisión preventiva, quedó al descubierto en un dossier llamado "Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía", presentado el 30 de agosto pasado por organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos y Bruselas.

"Los chat de WhatsApp (mensajería instantánea) y las escuchas telefónicas presentadas en un juicio contra los autores materiales del crimen demuestran cómo los asesinos recibieron órdenes, apoyo logístico y luego dinero de actuales y antiguos gerentes de DESA y personal militar activo", aseguró.

La hija de la ambientalista lenca, asesinada por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, dijo que el Tribunal de Sentencia hondureño determinó que ejecutivos y financistas de DESA conocían y dieron su consentimiento para el asesinato de Cáceres para "neutralizar su resistencia al proyecto".

En este sentido, afirmó que en ese hecho hubo "colusión entre militares, políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos".

"El caso de Berta no es aislado, sino que demuestra patrones de violencia, corrupción e impunidad en la cual trabajan las empresas extractivas", dijo Zúñiga y agregó que la vinculación de Castillo en al menos 8 empresas en Honduras y Panamá destacan por "sendos actos de corrupción, ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerza de seguridad del Estado".

Además, expresó, "tiene relaciones con empresas vinculadas al narcotráfico, acoso sexual, persecución y el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres como autor intelectual y principal vínculo con los demás responsables".

Zúñiga enfatizó que Castillo, un militar hondureño entrenado en la Academia Wet Point de Estados Unidos, "ha sido el principal socio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala en la construcción del proyecto de muerte".

La hija de la activista insistió en que el perfil de Castillo elaborado por la organizaciones internacionales de derechos humanos "desenmascara el patrón de funcionamiento de la llamada industria de energía limpia o renovable y del extractivismo en Honduras".

La también coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) demandó a las autoridades de su país y de Estados Unidos que investiguen los hechos revelados por el dossier de los organismos de derechos humanos.

También pidió que se suspendan todos los proyectos otorgados sin haber consultado a las comunidades desde 2009 por haberse dado en un contexto de "ilegalidad, corrupción y violencia", y que se cancele de inmediato la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque del pueblo lenca.

Además, que se enjuicie sin demora a Castillo y que se capture y se lleven a juicio a los demás autores intelectuales del asesinato de Cáceres.

El dossier expresa que el crimen de la ambientalista "fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso e impunidad orquestado por Castillo junto a otros en DESA".

Zúñiga denunció que la Justicia hondureña "sigue protegiendo a personalidades con poder" y que existen "presiones políticas para exculpar a Castillo".

"Mientra no haya una sentencia en este caso, se dejan abiertas las puertas para nuevos crímenes", advirtió la coordinadora del COPINH.

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