En Latinoamérica 1 de cada 3 personas es afrodescendiente, lo que significa unos 140 millones, la mitad de ellas mujeres; sin embargo, ellas siguen en su mayoría, invisibles, discriminadas y excluidas de las políticas públicas y tampoco están representadas en los órganos de gobierno.

Esta situación no es diferente en Panamá, aunque se han dado algunos avances en la última década. Así por ejemplo, el 30 de mayo fue instituido mediante Ley 9 de 2000 como fecha oficial de la celebración del "Día de la Etnia Negra Nacional". Desde ese año se han venido realizando anualmente diversas actividades y jornadas para promover el conocimiento y reconocimiento de los aportes culturales, sociales y económicos que la etnia negra ha hecho en el desarrollo y construcción de la nación panameña.

En Panamá, hay una rica historia de acciones desarrolladas por mujeres afrodescendientes de manera individual, tendientes a la transformación de su condición. Tal es el caso, de mujeres ya fallecidas como Gumercinda Páez, la primera mujer negra en la Asamblea Nacional; Thelma King, abogada, política, periodista, diplomática y destacada defensora de los derechos humanos; Sara Sotillo, insigne educadora, dirigente magisterial y feminista; Felicia Santizo, destacada educadora colonense; o de mujeres aún presentes como Alma Montenegro de Fletcher, educadora, abogada, defensora de los derechos de las mujeres, exProcuradora de la Administración; Graciela Dixon, abogada, defensora de los derechos humanos, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (su actual Presidenta); Olga Sinclair, destacada exponente de la pintura; Eileen Coparropa, "Sirena de Oro", la deportista que mayores glorias le ha dado a la natación panameña. Y así podría seguir reseñando una larga lista de mujeres afrodescendientes que deben ser motivo de orgullo y ejemplo a las generaciones presentes y futuras.

Para concluir,  si los estados incluyeran efectivamente a la población negra en las políticas públicas, esto significará una expansión en la economía y un beneficio para la sociedad en su conjunto.

Pero, fundamentalmente, se hace necesario impulsar procesos y programas de inclusión en los más altos niveles de las políticas públicas y en especial, promover desde la sociedad una cultura de la solidaridad, de la paz, una cultura cuestionadora en la que la educación debe ir en dos direcciones: educación con nosotras mismas y la educación con y para los otros. Apostar a un desarrollo con equidad, en que la igualdad de oportunidades garantice la construcción de ciudadanía sin exclusiones, pues tal como señala Elizabeth Fee: "Mientras haya arraigadas distinciones sociales y políticas entre sexos, razas o clases, habrá formas de ciencia cuya principal función será la de racionalizar y legitimar estas distinciones". Luchemos entonces por eliminar el racismo y el sexismo.