16 diciembre 2021
Tomando como único ejemplo palpable, tenemos que son apenas dos millones de dólares el presupuesto anual con el que cuenta el Instituto de Salud Mental de Panamá, con un personal que ronda los doscientos cincuenta funcionarios, una infraestructura desfasada y en deterioro; siendo esta la única dependencia pública en atender esta especialidad médica y es que, a la hora de calibrar infraestructura, recurso humano e insumos nos topamos con una deficiencia importante respecto a la necesidad que existe en nuestro país.
Más allá de atender las urgencias médicas, es innegable la necesidad de crear programas de sensibilización en salud mental, identificar y prevenir conductas suicidas, docencia en materia de adicciones, protocolos de intervención en el ámbito familiar; dado que los padecimientos en salud mental conlleva afectaciones que no son exclusivas del paciente sino del entorno familiar lo que a su vez, crea la urgencia de informar a las comunidades y acabar con el atroz flagelo del tabú y discriminación que rodea el ámbito de la salud mental.
Lo anterior, solo podrá salir de una categoría utópica si se comienza a dar la prioridad respectiva a la salud mental en Panamá lo cual implica, dotar con las herramientas necesarias a los entes estatales correspondientes a fin de lograr un alcance tangible y que todas y cada una de las personas que requieran de atención, información y servicios en salud mental en el sector público de salud, tengan acceso en tiempo oportuno a los mismos.
Estudiante de Psicología, miembro del Grupo Iniciativa por la Paridad. Amante del cine, del café, un buen libro y largas y nutritivas conversaciones. Apoyo las causas en favor de la mujer y la erradicación de los estigmas en materia de Salud Mental. Creo en el progreso a través de la educación y la cultura.